RECOGIDA DE FIRMAS: POR UNA ZONA DE BAJAS EMISIONES JUSTA
El pasado 19 de febrero hubo un Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Maracena con la denominación Expediente 1053/2025, referente a las Alegaciones a la Ordenanza Integral de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada (BOP nº8 de 15-01-2025). Es por ello, que se comienza una RECOGIDA DE FIRMAS CIUDADANA porque con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones que plantea el Ayuntamiento de Granada, Marcena esta limitada para acceder a la capital. La recogida de firmas se hará en la 2ªPlanta del Ayuntamiento de Maracena así como en todos los edificios públicos.
Certificado Pleno 19 02 2025. Alegaciones Ordenanza Movilidad
Alegaciones al proyecto de Ordenanza Integral de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Granada, publicada en el BOP nº8 de 15 de enero de 2025:
La delimitación de la zona de bajas emisiones debe cumplir la finalidad de construir y mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, resultando una mejora de la salud de la ciudadanía y la calidad de la vida urbana, impulsando una movilidad más sostenible e inclusiva con menor impacto en la calidad del medio ambiente sonoro, fomentando la movilidad activa y la recuperación del espacio público, promoviendo la mejora de la seguridad vial y la pacificación del tráfico. Tal y como determina el art. 1del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones. El cumplimiento de tales fines no se podrá lograr al margen de la realidad urbana, de su situación orográfica, geográfica. Obviando que el municipio de Granada se integra en un área metropolitana, que incluye Municipios para conformar una gran aglomeración y entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales, llegando incluso a la existencia de con urbanización, por lo que la determinación de la zona de baja emisiones debe establecerse con la planificación conjunta y coordinación entre todos los municipios que conforma dicha área. Tal es así que el Ayuntamiento de Granada prevé una ordenación urbanística en el Cerrillo de Maracena para la construcción de unas mil viviendas, cuyos moradores necesariamente tendrán que salir con sus vehículos a través del término municipal de Maracena, dada la imposibilidad de hacerlo directamente en el de Granada por la existencia de claras barreras que lo impiden. Por ello, sin perjuicio de las demás cuestiones que se plantean, no parece correcto que la delimitación efectuada se haga al margen de los municipios afectados en claro incumplimiento de los deberes de coordinación, cooperación y colaboración que deben regir las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.
Es evidente que si se establece como criterio de acceso a la zona de baja emisiones el domicilio fiscal en el término municipal de Granada se está excluyendo de las relaciones sociales y económicas a la ciudadanía de los municipios que junto a la Capital han conformado por ellas la existencia de un área metropolitana, sin atender a que la finalidad es el cumplimiento de los requisitos anteriormente enumerados y que las restricciones en todo caso deben ser adecuada, suficiente y encaminada a la reducción de la contaminación, que en modo alguno se logra con tal criterio y además no considera que la contaminación atmosférica tiene un efecto de contagio al resto de los municipios del área, especialmente a los colindantes.
La posibilidad de acceso de la ciudadanía del resto de los municipios se hace necesaria al residencial en la Capital infinidad de servicios públicos, así como la existencia de relaciones comerciales, deservicios y profesionales existentes entre las vecinas/os y todos los municipios. Así tenemos que con la delimitación realizada y los criterios de acceso la ciudadanía del resto de los municipios no podrá acceder a la zona hospitalaria, limitándose su derecho a la salud, que no queda solucionado por el hecho de hacer una previsión de excepción en los casos de razones de urgencia, alta hospitalaria o tratamiento de larga duración con justificación médica, pues somete al usuario a una tramitación burocrática innecesaria e indeterminada en su competencia, sin recoger la totalidad de los motivos que pueden llevar a la necesidad de acceso en vehículo a los centros sanitarios, dícese maternidad, cuidados paliativos, control diabético, rehabilitación, atención geriátrica… Para mayor abundamiento de estos criterios incomprensibles e insuficientes, se dejan al margen centros hospitalarios tan importantes como el Hospital de Traumatología o el Virgen de las Nieves. Y, según el recorrido de actuaciones políticas y administrativas en materia de sanidad que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está mostrando durante los últimos años, tendente a una privatización y externalización de dichos servicios, debería también tenerse en cuenta el acceso a los centros de diagnóstico privado u hospitales como San Juan de Dios y San Rafael. Si la privatización de la sanidad pública ya provoca un impacto negativo en la calidad de vida de la ciudadanía, estaríamos ante una severa restricción incluso de esa misma sanidad privada.
Pero no solo la delimitación y los criterios de acceso a la zona de baja emisiones están delimitando la recepción de prestaciones públicas, sino que además afecta gravemente al sector de trabajadores, especialmente al colectivo de autónomos que si no tiene su domicilio fiscal en Granada no podrá acceder con su vehículo a la prestación de sus servicios, entrega de bienes…, en contraposición a los residentes en Granada, que podrá libremente desarrollar su actividad sin ninguna limitación, incluso en el resto de los municipios del área y de la Provincia en una clara vulneración de la libre competencia.
Igualmente, el acceso del personal de trabajo y alumnado respecto a una institución tan importante y de tanta repercusión económica y social como es la Universidad de Granada resulta severamente restringido, teniendo en cuenta que algunas facultades, como la de Informática, están considerablemente más cerca de Maracena que de la mayor parte del municipio de Granada. Resulta así una incongruencia una Zona de Bajas Emisiones que no acompaña un plan de transporte público pensado para facilitar el acceso a estas zonas, con una disminución de precios acorde con estas nuevas restricciones.
Ante todo ello, se hace necesario la coordinación en la delimitación de la zona de baja emisiones entre todos los municipios y establecer unos criterios claros, precisos de acceso, exentos de burocracia extra, que permita el libre acceso a los servicios públicos sin restricción ni menoscabo, así como el desarrollo de las actividades comerciales y profesionales todos la ciudadanía con independencia del lugar de residencia y la fijación de su domicilio fiscal, cuya alteración supondría por demás un menoscabo al resto de las Haciendas Públicas Locales, así como un plan de transporte público con precios más bajos que permitan amortiguar los efectos negativos de estas medidas..
La ZBE debe suponer un cambio a mejor en las condiciones de vida de la ciudadanía del Área Metropolitana, siendo su aplicación justa para todos y todas. Así pues, es claro que el proyecto de Ordenanza sometido a información pública debe ser objeto de modificación atendiendo a todo lo anteriormente expuesto y especialmente a:
• Que la Zona de Bajas Emisiones se haga de manera justa, evitando perjuicios desproporcionados a la ciudadanía de los municipios del Área Metropolitana y garantizando que todos los habitantes tengan los mismos derechos de movilidad.
• Que el Hospital de Traumatología y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, así como todos los centros que por la actual política de privatización de la Junta de Andalucía puedan ser
San Juan de Dios o San Rafael y cualquier otro análogo, queden fuera de la ZBE, permitiendo el acceso de todos los vehículos a los centros hospitalarios, tal y como ocurre con el Parque Tecnológico de la Salud (PTS). La movilidad por razones sanitarias debe primar sobre cualquier restricción medioambiental, garantizando que cualquier paciente pueda acudir sin trabas a su consulta o tratamiento.
• Que se establezca un procedimiento claro y accesible para obtener las autorizaciones puntuales de entrada en la capital por motivos de salud. No se ha especificado cómo se podrá justificar la entrada de pacientes que acudan a consultas, pruebas diagnósticas (como análisis de sangre, resonancias o ecografías para embarazadas) o intervenciones programadas. Las excepciones deben incluir no solo enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración, sino también cualquier necesidad sanitaria justificada.
• Que los autónomos y profesionales que dependen de su vehículo para trabajar no sufran restricciones que comprometan su actividad. No es justo que los autónomos de Granada puedan entraren Maracena sin restricciones, mientras que los de Maracena se vean limitados en su acceso a la capital. Pedimos igualdad de condiciones para el desarrollo económico y laboral.
• Que se elabore y acompañe un estudio medioambiental elaborado por una entidad objetiva, preferiblemente la Universidad de Granada, que indique el impacto real que estas medidas van a tener en la contaminación urbana, en el tejido económico y social de los municipios del Área Metropolitana, y las propuestas, si las hubiera, que permitan incidir más en los objetivos generales dela ZBE.
Por todo lo expuesto, solicitamos que se tengan en cuenta estas alegaciones para garantizar que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Granada no perjudique de manera injusta a la ciudadanía de Maracena y otros municipios del Área Metropolitana.
